Escándalo entre Azul y Tandil por una familia en situación de calle
Once personas, entre ellas cinco menores, fueron encontradas en la estación de trenes de Tandil tras ser trasladadas desde Azul en un vehículo municipal. Un concejal denunció penalmente al intendente Nelson Sombra por presunto abandono de persona.
Por Redacción APP · 17 de agosto de 2026
Un escándalo político y judicial estalló entre los municipios de Tandil y Azul luego de que una familia de once personas, entre ellas cinco menores, fuera hallada en la estación de trenes de Tandil tras haber sido trasladada hasta allí en una combi perteneciente al municipio de Azul, que conduce el intendente Nelson Sombra.
Desde Tandil, gobernada por el intendente Miguel Lunghi, aseguraron que nadie coordinó la llegada del grupo y que uno de sus integrantes relató haber sido enviado con la promesa de recibir alojamiento y asistencia. Azul, en cambio, sostiene que el traslado fue solicitado por la propia familia.
Fuentes del municipio de Tandil explicaron que una trabajadora social de Desarrollo Social y Hábitat acudió a la estación tras activarse el protocolo para personas en situación de calle, y encontró allí al grupo familiar, que llegó sin abrigo y después de varias horas sin comer.
La denuncia penal
El concejal de la UCR de Azul, Agustín Puyou, presentó una denuncia ante el fiscal Ignacio Calonje, de la Unidad Funcional de Violencia Institucional de Azul, contra el intendente Nelson Sombra y secretarios municipales por posibles delitos de abandono de persona, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.
Según Puyou, la familia ya recibía asistencia municipal por la insalubridad del asentamiento Los Piletones y contaba con custodia policial dinámica tras una denuncia previa por violencia vecinal. El traslado a Tandil se produjo tres días después de esa denuncia.
La versión de Azul
Desde el municipio de Azul negaron el abandono y afirmaron que fue la propia familia la que pidió ser trasladada a Tandil por una posibilidad laboral y de alojamiento, con acompañamiento profesional y consentimiento firmado.
La Justicia deberá determinar ahora quién decidió el traslado y por qué una familia bajo seguimiento estatal terminó necesitando asistencia de emergencia en otra ciudad.